Política de mano dura, eficacia y reducción de la violencia en Honduras y El Salvador

Introducción

Analizar las causas de la violencia en América Latina es un reto grande debido a la complejidad de sus factores, primero; porque existen países con altos índices de homicidios y otros no (Hernández, 2021), lo que conlleva a cuestionar que sea un problema regionalizado.

A los países de la región centroamericana se les atribuye múltiples razones por las cuales se multiplicó la violencia. Ante dichas realidades, los gobiernos optaron por implementar medidas consideradas de “mano dura”, no obstante, fue parte del desafío encontrar y descubrir si una sola medida puede responder a múltiples causales de la violencia, específicamente en Honduras y El Salvador, que por años se han mantenido en las listas de los países más peligrosos del mundo.

La región Latinoamericana se ha caracterizado en las últimas décadas por ser una de las regiones más violentas del mundo (Hernández, 2021),  dado que según algunos estudios responde a problemas estructurales: la pobreza y la desigualdad, problemas que niegan oportunidades a las poblaciones más jóvenes; la segunda vertiente apunta a la impunidad y debilidad del Estado, factor que se orienta a la debilidad de la institucionalidad y genera violencia directa (Garzón, C, Avellaneda, D, & Pérez, J. 2016). La tercera y cuarta vertiente están asociadas a la violencia, que señala directamente la actividad delictiva de grupos organizados (Hernández, 2021). En consecuencia, es claro que la mayoría de los factores asociados a la delincuencia tienen una fuerte vinculación con los deberes protectores del Estado.

Este documento analizará si las acciones emprendidas por los gobiernos de Juan Orlando Hernández (Honduras, 2014-2022) y Nayib Bukele (El Salvador, 2019-2023) y calificadas como políticas de mano dura han sido realmente efectivas para combatir la violencia en ambos países a la luz de los efectos y resultados de la aplicabilidad de las mismas.

Metodología

La investigación se realizó haciendo una revisión documental. Se emplearon artículos académicos, artículos de periódicos, informes y declaraciones de gobierno en páginas oficiales relacionadas al contexto de violencia en Honduras y El Salvador y las medidas aplicadas por los gobiernos de Juan Hernández (2014-2022) y Nayib Bukele (2019-2023).

Desarrollo

Para poder identificar tanto el método de control de la violencia como los resultados que han obtenido Honduras y El Salvador es necesario analizar el origen de la política de mano dura y como fue introducida en la política de seguridad de ambos países y los efectos que estas estrategias han causado.

a) Política de mano dura, origen y desarrollo

La política de mano dura, tiene sus orígenes en las teorías criminológicas y sociológicas como la Tolerancia cero o la teoría de las ventanas rotas (Uribe, 2010). Se implementó debido a la alzada de violencia en el metro de Nueva York, una experiencia que resultó exitosa según los registros de la eficacia en los años 80 en la misma ciudad (Muggah, Garzón y Suárez, 2018).

La estrategia tomada por el entonces alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani marcaron la estrategia de seguridad más usada por gobiernos populistas, justamente por el historial de aceptación social, que ha sido en gran medida una estrategia de persuasión usada en campañas políticas (Aguilar & Ibarra, 2014).

Esa visión sobre la política de “mano dura” que en un principio parecía tener las mejores intenciones debido al gran impacto que tuvo en América del Norte, se fue disolviendo y lo cierto es que el desarrollo del concepto ha perdido su esencia original al momento de ponerse en práctica en América Latina, como bien lo expresan los autores Muggah, Garzón, Suárez (2018), en su artículo La “mano dura” en Latinoamérica, es difícil describirla, pero se expresa en tratamientos de la violencia que se utilizan para criminalizar el conflicto social y la disidencia (Caamaño, 2010).

Ante estas descripciones, la estrategia llamada “populismo punitivo”, el cual ha sido utilizado por los países del triángulo norte, principalmente Honduras y El Salvador, como parte de las estrategias político-electorales que reafirma la idea de darle funciones a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública (Wolf, 2017).

Por su parte, Briscoe & Martínez (2017), indican que la política de mano dura en Honduras y El Salvador son basadas prácticamente en la persecución penal y social de las maras y pandillas. Actos que validan y justifican las condiciones infrahumanas de las cárceles. Es claro que la influencia desde el norte no solo vino a tener auge en los países centroamericanos por el éxito histórico en Nueva York, sino que va más allá de una simple imitación.

b) Honduras

Para el caso, Honduras desde hace un tiempo forma parte de la lista de los países más peligrosos de la región y del mundo (Briscoe & Martínez, 2017). Las prácticas de mano duran datan en el país entre 2003 y 2004 con las prácticas de “cero tolerancia” implementadas en el gobierno del expresidente Ricardo Maduro. Estas respuestas en estos años solo permitieron que se legitimara la persecución de jóvenes y miembros de comunidades marginadas (Rivera, 2012).

Desde entonces, la militarización ha sido la respuesta a las elevadas tasas de homicidios que han mantenido al país casi siempre liderando las encuestas de violencia (International Crisis Group, 2017). Sin embargo, todas estas reacciones, desde comienzos de la década de los 2000, solo generaron una respuesta más violenta por parte de las maras y pandillas, expresándose de una manera muy vertical, en lugar de disolverse (Rivera, 2012).

La práctica de políticas de mano dura han tenido sus mayores exponentes en los gobiernos nacionalistas, desde Ricardo Maduro hasta Juan Orlando Hernández, este último es el gobierno que se analizará en este artículo. A pesar de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en el gobierno de Maduro, el expresidente Porfirio Lobo Sosa ganó la presidencia con su discurso de “Tolerancia Cero” (2010-2013) a pesar de todas las acciones emprendidas en cumplimiento a las promesas de campaña en lugar de reducirse, hubo un alza en la tasa de homicidios (International Crisis Group, 2019).

Con un país con las más altas tasas de violencia y con reformas al Código Penal sobre el aumento de las penas y aprobación de leyes que intervenían las comunicaciones privadas (El Heraldo, 2014), se entregaba el nuevo mandato en 2014 al expresidente Juan Orlando Hernández, con una taza de homicidios de 68 por cada 100,000 habitantes según el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con una pequeña variación según las cifras mostradas por la Secretaría de Seguridad, la cual apuntaba a un 66.49 (El Heraldo, 2015).

Según la SEPOL (2023), ha existido una gran variabilidad en la tasa de homicidios desde que asumió la presidencia Juan Orlando Hernández, según la gráfica siguiente, Honduras paso de 69.86 a 42.36 en el 2020, una disminución de 27.5 puntos (SEPOL, 2023). 

El expresidente Juan Orlando Hernández, en su compaña política prometió hacerle la guerra no solo a las maras y las pandillas, sino también al narcotráfico, actividad delictiva que se había intensificado de manera exponencial, prometió sacar a la calle los Policías Militares de Orden Público (PMOP), y las Tropas de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) (Informa-Tico, 2014).

Parte de su discurso fue que haría cualquier cosa para enfrentar la criminalidad, en palabras textuales: “Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad dentro de la ley, claro está, y de la mano del pueblo hondureño” (Informa-Tico, 2014).

El expresidente tuvo que impulsar una gran cantidad de reformas para poder dar cumplimiento a la principal promesa de campaña, para esto se necesitaba un alto presupuesto, por lo que la Secretaría de Seguridad tuvo un aumento del 58%, situación que fue duramente criticada porque ponía en riesgo las demás secretarías que atienden necesidades sociales en el ámbito público (Eric-SJ, 2017).

Otra de las acciones aplaudidas en el gobierno de Hernández fue la iniciativa de la depuración policial, para lo cual se creó una comisión especial para la reforma de dicha institución y desencadenó en un término de tres años la destitución de 5,775 oficiales vinculados a delitos de corrupción (International Crisis Group, 2019, pág. 23).

En 2016 se anunció una nueva era del Sistema Penitenciario Nacional, a pesar de las múltiples peticiones sobre lo deteriorado que estaba el sistema de reinserción en Honduras, el expresidente puso sus esfuerzos en crear cárceles de máxima seguridad, las cuales fueron denominadas como el “Pozo” y la “Tolva” (El Heraldo, 2019).

Ante estas iniciativas, parte del discurso fue castigar penalmente a todo aquel que fuese considerado como criminal, estuviese o no condenado, en las palabras exactas del presidente Hernández:

“La fiesta se les terminó, las cárceles ahora son un infierno para los reclusos”, “Se acabaron los privilegios que estos delincuentes seguían teniendo dentro de las cárceles” (El Heraldo, 2019).

Parte de las iniciativas de Hernández fue crear programas para alejar a los jóvenes de la delincuencia y el crimen, programas vinculados a la inversión en recreación a través de parques y áreas sociales, sin embargo, dichos programas dejaron limitados avances, pero se pudo observar que los homicidios se redujeron en algunos de los barrios más peligrosos de San Pedro Sula (International Crisis Group, 2019).

Es claro que durante la implementación de política de mano dura se vio una disminución en los homicidios entre 2014-2016, no obstante, los homicidios y la violencia se intensificaron después de las protestas del fraude electoral de 2017, y hasta el momento la tendencia es que está en camino de alcanzar nuevamente cifras del pasado (International Crisis Group, 2019).

Las cárceles de máxima seguridad no resultaron lo que se había prometido, siguieron una serie de irregularidades, ejecuciones y motines dentro de las cárceles, que evidenciaron la tenencia de armas y la corrupción policial dentro de las cárceles (El Heraldo, 2019), además se presentó una sobrepoblación carcelaria del 70% (Burgos, 2022).

El descenso que tuvo el país en homicidios no mejoró la percepción de seguridad ciudadana, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el 87.6 se sentían inseguros, un aumento del 16.8 % en relación con 2016 (International Crisis Group, 2019), así mismo el 50% de la población creía que la depuración policial ayudaría poco o nada, o que explica un poco que la percepción no mejorará a pesar de las iniciativas (Eric-SJ, 2017).

En suma, durante el primer mandato de Hernández (2014-2018), se redujo la cantidad de homicidios según el Observatorio Nacional de la Violencia a 42% en comparación con 2014, que superaba el 68% (Criterio.hn, 2022), No obstante, en su segundo mandato 2018-2022, la taza cerró con un 44%, un porcentaje menor que cuando comenzó su mandato, pero mayor en relación con el cierre de su primer gobierno (Criterio.hn, 2022).

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), manifestó la preocupación sobre la cantidad de violaciones a derechos humanos dentro de las cárceles, ejecuciones, motines y la falta de servicios básicos como agua potable y alimentación (RINDHCA, 2021), además de las condiciones infrahumanas y el hacinamiento en que se encontraban, lo que complicó aún más enfrentar la pandemia COVID-19 (OEA, 2020).

Por lo anterior, los últimos años han mostrado que pese a las acciones tomadas por el expresidente Hernández, las políticas de mano dura no tuvieron la efectividad esperada, sin negar la disminución en la tasa de homicidios

El Salvador

Por su parte en la Republica de El Salvador se experimentó un contexto de violencia después de la guerra civil y del fracaso de la tregua con las pandillas. Frente a esto, el exguerrillero salvadoreño, Sánchez Cerén presidente de Estado en 2016, decide hacerle frente a la violencia endureciendo las penas de cárcel y persecución a maras y pandillas, las cuales fueron llamadas “medidas extraordinarias” (Briscoe & Martínez, 2017).

Como ya es evidente, la práctica de política de mano dura de manera más articulada tiene sus orígenes en los discursos de Cerén, no obstante, el gobierno que se analiza en este artículo es el del actual presidente.

Según declaraciones de la presidencia, se detuvieron unos 10,000 pandilleros en 17 días en el año 2022, es decir, que parte de la estrategia fueron redadas masivas y cateos en los domicilios (Insight Crime, 2022).

Como todo gobierno que apuesta por la política de mano dura, no pueden faltar las medidas legislativas, las cuales dentro del gobierno del actual presidente se incrementó de 9 a 45 años los máximos de prisión para pandilleros, además se disminuyó la edad punible porque ahora se puede encarcelar a niños desde los 12 años (Insight Crime, 2022).

También se promulgó una ley para sancionar con 15 años de prisión a cualquier periodista que divulgue información sobre el control territorial o sobre las maras y pandillas (Insight Crime, 2022).

Datos y cuestionamientos

Según el índice de Global Graphic, El Salvador ya no está dentro de los países más peligrosos del mundo (National Graphic, 2022). Lo que deja una buena apariencia a nivel internacional. Al cierre del tercer año se logró pasar 125 días con cero homicidios, según cifras oficiales del gobierno (Gobierno de El Salvador, 2022), también se han capturado 34,216 pandilleros, del cual la mitad llevan un proceso judicial avanzado (Gobierno de El Salvador, 2022).

Según las encuestas del barómetro de las Américas, la percepción de seguridad ha mejorado significativamente. El 85% de los salvadoreños afirman no haber sido víctima de delitos (Contra Punto, 2022), de hecho, esta caída de homicidios no solo le ha dado popularidad al presidente, sino que ha ganado la confianza de un pueblo salvadoreño harto de tanta violencia y extorsión (Insight Crime, 2022).

Desde 2020 el Salvador ha estado en el ojo público por el señalamiento de violación a Derechos Humanos, en abril de ese año se filtraron fotos donde aparecían prisioneros con cabezas rapadas, semidesnudos y apiñados (Pínzon, 2020).

Otro de los cuestionamientos, según organizaciones de Derechos Humanos, es la censura a la libertad de prensa y la restricción de derechos a menores de edad, además de reproducir el odio comparándoles con iconografía nazi e incluso amenazó con privarlos de alimentos (Insight Crime, 2022).

También se cuestiona que la reducción en los homicidios se deba verdaderamente a la estrategia de “plan territorial”, sino que se le acusó de negociar bajo la mesa con las pandillas (SWI, 2022).

Si bien es cierto no se puede negar que los homicidios disminuyeron, la cantidad de extorsiones sigue siendo elevada, añadiendo también que se ha agravado el problema de desaparición de mujeres (ARPAS, 2021), lo que deja a las mujeres salvadoreñas en un contexto mucho más peligroso.

Amnistía Internacional ha señalado al gobierno de Bukele por violación a los Derechos Humanos bajo el régimen de excepción, se le acusa de violar garantías procesales, y la muerte de al menos 23 personas bajo tutela del Estado (AP News, 2022), Human Rights Watch (HRW) calificó las medidas de Bukele de crueles e inhumanas, además advirtió que El Salvador va en camino a otra dictadura latinoamericana (Gonzáles, 2022), con la cifra de encarcelamiento más alta del mundo (Quintanilla, 2023).

En este momento el Salvador se encuentra en su mejor etapa desde los acuerdos de paz; sin embargo, está dentro del ojo internacional por las acusaciones de autoritarismo, además presenta una preocupación para sus pases vecinos, específicamente Honduras, quien ha denunciado el ingreso ilegal de personas pertenecientes a las maras (SWI, 2022).

Conclusión

La política de mano dura en Honduras y El Salvador ha logrado reducir el número de homicidios, pero ha generado cuestionamientos sobre el uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos. En el caso de El Salvador, la estrategia ha sido respaldada por la alta aprobación del presidente Nayib Bukele, el 90% de aprobación, para ser exactos (Quintanilla, 2023), mientras que, en Honduras, la percepción de inseguridad sigue siendo alta y ha habido críticas sobre la depuración policial utilizada con fines políticos. Además, la sobrepoblación carcelaria en El Salvador ha llevado a una situación de hacinamiento crítico que no ha sido solucionada adecuadamente.

Es importante incentivar la participación ciudadana en las deliberaciones en materia de seguridad, fomentar la rendición de cuentas y además se deben abordar las causas estructurales y fortalecer las instituciones encargadas de la investigación penal (International Crisis Group, 2019).

Por otra parte, es necesario analizar las estrategias de seguridad, analizando los efectos en la región con acciones más colaborativas que eviten la migración y las detenciones arbitrarias en las fronteras.

Finalmente, la experiencia de ambos países deja expuesta una realidad de violaciones sistemáticas a Derechos Humanos, después de la aplicación de la política de mano dura, razón por la cual se debe replantear la forma de aplicación de la misma.

Conflictos de interés

La autora declara no tener ningún conflicto de interés.

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